Ceuta, vista desde el Monte Hacho.
Foto: Víctor Fernández Salinas / Wikimedia Commons · CC BY 2.0 · Ficha y licencia
La crisis de Ceuta no es una anomalía situada en los márgenes de Europa. Condensa desigualdad internacional, externalización fronteriza, segmentación de la fuerza de trabajo, crisis ecológica y una disputa política decisiva: quién soporta los costes materiales de una movilidad que el propio capitalismo mundial produce.
1. Ceuta: una crisis local que obliga a mirar el sistema mundial
La crisis migratoria que estalló en Ceuta el 30 de julio de 2026 no puede entenderse como un episodio excepcional separado de la evolución general del capitalismo europeo, de las relaciones entre España y Marruecos o de la creciente inestabilidad del norte de África y del Sahel. La magnitud inmediata de lo sucedido fue extraordinaria: alrededor de 72.000 personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta en una sola jornada, según la cifra utilizada por el Gobierno español, y semanas después entre 5.000 y 8.000 continuaban todavía en la ciudad, muchos de ellos viviendo en playas, calles y asentamientos improvisados. Reuters cifró además en 82 los fallecidos en el lado español y en 14 los confirmados en Marruecos, una dimensión humana que por sí sola impide reducir el acontecimiento al habitual intercambio de acusaciones entre Gobierno y oposición.
Lo ocurrido ha sometido a una ciudad de poco más de ochenta mil habitantes a una presión social enorme. Durante agosto se han sucedido los problemas de alojamiento, enfrentamientos entre algunos migrantes y vecinos, agresiones, ataques contra campamentos, intervención policial y militar y una creciente sensación de inseguridad y abandono entre sectores de la población. En zonas como Loma Colmenar, miles de personas han permanecido a la espera de acceder a instalaciones completamente desbordadas, mientras vecinos que ya soportaban importantes déficits sociales veían cómo espacios y servicios de su entorno quedaban sometidos a una tensión que difícilmente podía ser absorbida por la administración local.
Un análisis marxista debe comenzar reconociendo esta realidad, precisamente porque negarla sería entregar a la derecha y a la extrema derecha la posibilidad de presentarse como las únicas fuerzas políticas dispuestas a hablar de los problemas concretos que experimenta la población. La solidaridad con quienes emigran no exige negar que una llegada de semejante magnitud produzca graves dificultades materiales. Una ciudad no dispone de una capacidad ilimitada de alojamiento, asistencia sanitaria, escolarización, seguridad, limpieza o servicios sociales. La cuestión política decisiva no consiste, por tanto, en elegir entre afirmar que «no existe ningún problema» o aceptar que quienes llegan constituyen el problema. Lo que debe preguntarse es por qué miles de seres humanos se ven impulsados a cruzar una frontera de esta manera, por qué una ciudad relativamente pobre debe soportar una parte desproporcionada de las consecuencias y quién se beneficia de un sistema internacional que permite circular con extraordinaria libertad a capitales y mercancías mientras convierte el desplazamiento de una parte de la fuerza de trabajo en una actividad clandestina y frecuentemente mortal.
2. La frontera no separa dos economías: organiza una división internacional del trabajo
Esa pregunta conduce inmediatamente más allá de Ceuta. La frontera hispano-marroquí no separa dos economías independientes, una europea y otra africana, sino dos espacios profundamente integrados dentro de una misma división internacional del trabajo. España y Marruecos mantienen relaciones comerciales, industriales y financieras cada vez más estrechas. Empresas europeas producen en Marruecos, sectores de la agricultura y de los servicios españoles dependen de trabajadores procedentes del norte de África, las cadenas industriales del automóvil, el textil, la alimentación o la logística atraviesan ambas orillas y las remesas de los emigrantes constituyen una fuente importante de ingresos para la economía marroquí. Al mismo tiempo, los derechos asociados al desplazamiento de quienes trabajan siguen estando separados por una de las fronteras más desiguales del mundo.
Figura 1. Valla fronteriza de Ceuta: la materialización física de un régimen desigual de movilidad.
Foto: Mario Sánchez Bueno / Wikimedia Commons · CC BY-SA 2.0 · Ficha y licencia
Esta aparente contradicción constituye en realidad uno de los rasgos centrales del capitalismo contemporáneo. La internacionalización de la producción no ha producido una internacionalización equivalente de los derechos. El capital puede atravesar fronteras, trasladar fábricas, reorganizar cadenas de suministro, invertir allí donde los salarios resultan más bajos y retirar inversiones cuando las condiciones dejan de ser suficientemente rentables. Los trabajadores, por el contrario, se encuentran sometidos a pasaportes, visados, permisos de residencia, autorizaciones laborales y sistemas de deportación. No se trata simplemente de que el capitalismo defienda fronteras mientras proclama las virtudes de la globalización. La frontera cumple precisamente una función dentro de esa globalización: establece diferentes regímenes de derechos para diferentes segmentos de la fuerza de trabajo y permite utilizar esas diferencias como instrumento de disciplina laboral.
Por eso resulta insuficiente describir la política migratoria europea como una política destinada exclusivamente a impedir la inmigración. Si ése fuera realmente su objetivo, encontraríamos una contradicción difícilmente explicable con el funcionamiento cotidiano de numerosos sectores productivos. La agricultura intensiva española, la hostelería, los cuidados, el trabajo doméstico, la construcción y numerosos empleos de baja remuneración dependen en buena medida de trabajadores extranjeros. Las propias sociedades europeas, sometidas a un proceso acelerado de envejecimiento, necesitan incorporación de nueva población activa. Lo que las políticas migratorias intentan hacer no es simplemente cerrar herméticamente Europa, sino administrar qué trabajadores pueden entrar, bajo qué condiciones, durante cuánto tiempo y con qué derechos.
La existencia de trabajadores en situación administrativa irregular tiene, desde este punto de vista, una evidente utilidad económica. Quien carece de papeles, quien teme ser identificado por la policía o quien depende de conservar un contrato para mantener su autorización de residencia se encuentra en una posición mucho más débil frente al empresario. Tendrá más dificultades para denunciar jornadas abusivas, salarios inferiores a convenio, amenazas o accidentes laborales; probablemente cambiará de trabajo con mayor dificultad y encontrará más obstáculos para organizarse sindicalmente. La irregularidad no constituye, por tanto, una simple anomalía exterior al mercado de trabajo. Puede convertirse en un mecanismo mediante el cual determinados empresarios obtienen una fuerza de trabajo más vulnerable.
3. Ejército industrial de reserva, racismo y competencia entre trabajadores
Aquí adquiere especial importancia la teoría marxiana del ejército industrial de reserva, aunque conviene utilizarla con mucha más precisión de la que suele encontrarse en determinados debates sobre inmigración. Marx no describió el ejército industrial de reserva como una población extranjera que amenaza al trabajador nacional, sino como una consecuencia necesaria del proceso de acumulación capitalista. El capitalismo genera continuamente población trabajadora disponible, desempleada o subempleada que permite responder a las necesidades de expansión y, al mismo tiempo, ejerce presión sobre quienes ya están empleados. Un inmigrante puede formar parte de esa población excedente, del mismo modo que puede hacerlo un trabajador español en paro. Lo decisivo no es su nacionalidad, sino la relación social que ocupa respecto del capital.
La conclusión política que se desprende de este análisis es exactamente la contraria de la que intenta extraer la extrema derecha. Si un empresario puede utilizar a un trabajador inmigrante para reducir salarios, la respuesta no consiste en expulsar al trabajador sino en destruir las condiciones que permiten al empresario explotarlo de forma diferencial*. Igual salario por igual trabajo, aplicación íntegra de los convenios colectivos, libertad sindical, regularización administrativa, inspección laboral efectiva y sanciones contra quienes se aprovechan de trabajadores sin derechos disminuyen precisamente la capacidad empresarial para utilizar a unos trabajadores contra otros.* Cuando dos asalariados están sometidos al mismo convenio, poseen los mismos derechos y pueden organizarse en el mismo sindicato, resulta mucho más difícil transformar la diferencia de nacionalidad en una ventaja económica para el patrón.
Es precisamente esta unidad potencial la que el discurso racista intenta destruir. La extrema derecha presenta al inmigrante como responsable de procesos sociales que no ha creado: el deterioro de los servicios públicos, la precariedad laboral, la dificultad para acceder a una vivienda, la inseguridad económica o la pérdida de expectativas de amplias capas de la población. Su eficacia política no reside en inventar desde cero el malestar, sino en ofrecerle una dirección. Los problemas existen; lo que se altera es su interpretación. El trabajador que no puede pagar un alquiler es invitado a mirar hacia quien acaba de cruzar la frontera en lugar de hacia el mercado inmobiliario, los fondos de inversión y décadas de política de vivienda. Quien espera semanas para obtener una cita sanitaria puede ser conducido a responsabilizar al extranjero antes que preguntarse por la insuficiencia de plantillas, las privatizaciones o la estructura del gasto público.
4. Ceuta también es clase trabajadora: socializar los costes de la acogida
Ceuta proporciona un ejemplo especialmente claro de por qué una izquierda que responda únicamente mediante apelaciones morales a la solidaridad se encontrará políticamente desarmada. La población de la ciudad no pertenece precisamente a una élite económica europea. Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida correspondientes a 2025 situaban a Ceuta con una tasa AROPE del 40,8% y un riesgo de pobreza cercano al 37%, cifras extraordinariamente superiores a la media española. Esto significa que una parte importante de quienes están soportando materialmente las consecuencias de la crisis migratoria son ellos mismos: trabajadores, parados, pensionistas o familias con ingresos reducidos.
La cuestión adquiere así una dimensión claramente clasista. Si el coste de alojar, alimentar, escolarizar y atender sanitariamente a miles de personas se descarga fundamentalmente sobre una ciudad pobre, si los barrios populares pierden instalaciones o servicios que ya eran insuficientes y si el Estado responde tarde o con medios claramente escasos, la frustración resultante encontrará inevitablemente alguna expresión política. La derecha intentará convertirla en xenofobia; pero la alternativa no puede consistir en pedir a esos mismos sectores populares que soporten silenciosamente las consecuencias en nombre de una solidaridad abstracta. Una política socialista debe defender simultáneamente los derechos de quienes llegan y los derechos de quienes ya viven allí, precisamente porque no existe ninguna incompatibilidad material entre ambas cosas si los recursos necesarios se obtienen de quien realmente dispone de ellos.
La respuesta inmediata a una crisis de estas dimensiones debería incluir una movilización extraordinaria de recursos estatales y europeos, alojamiento digno, refuerzo sanitario, contratación de trabajadores sociales, medios educativos adicionales, traslados rápidos a la península cuando sean jurídicamente posibles y protección prioritaria de los menores. El hecho de que semanas después miles de personas continuasen viviendo en calles y playas demuestra que la dimensión social de la crisis quedó claramente por detrás de su tratamiento como cuestión fronteriza y de seguridad.
Esta política exige rechazar una dinámica que la izquierda institucional ha aceptado con demasiada facilidad: concentrar la llegada de inmigrantes en barrios donde ya existe una elevada proporción de población trabajadora empobrecida mientras las clases acomodadas permanecen prácticamente al margen del esfuerzo de integración. Cuando la vivienda pública es insuficiente, las escuelas se encuentran saturadas y los servicios sociales carecen de plantilla, es lógico que aparezcan tensiones entre personas que compiten por recursos escasos. La forma progresista de enfrentar esa competencia no consiste en negar su existencia, sino en acabar con la escasez socialmente producida mediante inversión pública y redistribución de riqueza.
5. Marruecos, la externalización europea y el precedente de 2021
Para comprender por qué Ceuta vuelve periódicamente al centro de estas crisis es necesario analizar la relación entre la Unión Europea y Marruecos. Durante las últimas décadas la política migratoria europea ha seguido una estrategia creciente de externalización de fronteras. En lugar de limitarse a controlar directamente su propio territorio, la UE intenta impedir que determinadas personas puedan alcanzarlo, financiando y reforzando la capacidad policial de países situados en las principales rutas migratorias. Marruecos ocupa un lugar privilegiado en este dispositivo.
Las propias autoridades marroquíes afirmaron haber impedido 78.685 intentos de entrada hacia territorio europeo durante 2024. El dato permite comprender la escala del papel que Marruecos desempeña como territorio de contención. La frontera europea comienza, en la práctica, mucho antes de la valla de Ceuta. Esa relación produce una contradicción política evidente: cuando la Unión Europea delega una parte sustancial de su política fronteriza en un Estado tercero, entrega también a ese Estado un importante instrumento de negociación. Marruecos no es un simple ejecutor pasivo de las decisiones europeas. Posee sus propios intereses estratégicos y puede utilizar su cooperación en materia migratoria dentro de una relación mucho más amplia que incluye comercio, inversiones, pesca, seguridad, reconocimiento diplomático y, sobre todo, la cuestión del Sáhara Occidental.
La experiencia de mayo de 2021 constituye un precedente imposible de ignorar. En apenas dos días alrededor de ocho mil personas llegaron entonces a Ceuta mientras la relación diplomática entre Madrid y Rabat atravesaba una grave crisis por la hospitalización en España de Brahim Ghali, secretario general del Frente Polisario. La reducción temporal del control fronterizo marroquí convirtió de hecho a miles de personas en instrumentos involuntarios de una disputa entre Estados. La crisis dejó al descubierto el punto débil de toda política de externalización: cuanto mayor es la dependencia europea de un Estado vecino para contener los movimientos migratorios, mayor es también la capacidad de ese Estado para utilizar esa dependencia.
Sería, sin embargo, demasiado sencillo explicar lo ocurrido en 2026 únicamente mediante una supuesta decisión de Rabat. Una cosa es reconocer que Marruecos dispone objetivamente de capacidad para modular el grado de control de sus fronteras y otra afirmar, sin pruebas suficientes, que toda llegada masiva responde necesariamente a una operación diseñada por el palacio real. Las causas materiales de la migración son mucho más profundas. Reducirlas a una maniobra diplomática marroquí conduciría paradójicamente a la misma interpretación superficial que domina buena parte del discurso reaccionario español: desaparecerían los procesos económicos, sociales y climáticos que impulsan a cientos de miles de personas a desplazarse y todo se reduciría a una agresión exterior.
6. Marruecos, el Sahel y la producción capitalista de la movilidad
La propia sociedad marroquí constituye una buena demostración de esta complejidad. Marruecos ha experimentado durante las últimas décadas un importante desarrollo capitalista. El automóvil, la logística, el turismo, la agricultura de exportación, el textil, los fosfatos y las energías renovables han atraído inversiones y han profundizado su integración en las cadenas productivas internacionales. No estamos ante una economía simplemente estancada al margen del capitalismo mundial. Precisamente al contrario: parte de la presión migratoria surge de la forma concreta en que Marruecos se integra en él.
El desarrollo capitalista no elimina automáticamente la emigración. Puede incluso intensificarla durante determinadas etapas. La transformación del campo, la concentración de población en ciudades, la expansión de la educación, la aparición de nuevas aspiraciones de consumo y la incapacidad del mercado laboral para ofrecer empleos suficientes y estables pueden generar una enorme distancia entre las expectativas de una generación joven y las posibilidades reales que encuentra. Un joven que estudia, utiliza diariamente las mismas redes sociales que alguien de Madrid, conoce las diferencias salariales existentes a apenas unos kilómetros y carece de perspectivas laborales estables no vive aislado dentro de una economía nacional cerrada. Forma parte cultural y económicamente de un espacio internacional que le muestra continuamente posibilidades a las que su ciudadanía le impide acceder.
Esta situación se agrava todavía más cuando nos desplazamos hacia el África subsahariana y particularmente hacia el Sahel. La frontera de Ceuta no comienza geográficamente en Marruecos. Para muchas de las personas que intentan atravesarla, el viaje empezó meses o años antes y a miles de kilómetros de distancia. Malí, Burkina Faso, Níger y otros países de la región llevan años sometidos a una combinación explosiva de pobreza, descomposición de estructuras estatales, conflictos armados, expansión de organizaciones yihadistas, desplazamientos internos, crisis agrarias y creciente impacto de la degradación climática.
Sería simplista atribuir todo ello a una única causa denominada «imperialismo», como si bastara pronunciar la palabra para explicar la historia concreta de cada formación social africana. Pero sería aún más absurdo analizar la situación del Sahel sin la larga subordinación económica del continente, la extracción de materias primas, el peso de la deuda, las políticas de ajuste, las intervenciones militares occidentales y la actual competencia entre potencias. África no ha permanecido fuera de la acumulación mundial; ha sido incorporada a ella en posiciones profundamente desiguales.
La dominación contemporánea no requiere necesariamente que una potencia europea administre formalmente un territorio africano. Puede articularse mediante cadenas internacionales de valor, control tecnológico, financiación, acuerdos comerciales, deuda, propiedad de grandes empresas y capacidad para determinar dónde se localizan los eslabones más rentables de la producción mundial. Esto no convierte a las burguesías africanas en simples víctimas de una dominación exterior: las clases dominantes locales participan activamente en esta estructura y obtienen beneficios de ella. La monarquía marroquí y la burguesía vinculada a los grandes conglomerados económicos no comparten los mismos intereses que los jóvenes marroquíes desempleados que intentan cruzar hacia Ceuta, del mismo modo que la burguesía española no comparte un interés nacional homogéneo con el trabajador ceutí que vive bajo el umbral de la pobreza.
7. Cambio climático, rutas clandestinas y límites de la fortaleza Europa
El cambio climático añade una nueva dimensión histórica a estas contradicciones. La degradación de los suelos, las sequías, las olas de calor, la creciente irregularidad de las precipitaciones y la presión sobre los recursos hídricos no producen automáticamente migraciones, pero alteran profundamente las condiciones materiales de sociedades donde una parte significativa de la población depende directa o indirectamente de la agricultura. El desplazamiento provocado inicialmente desde el campo hacia las ciudades puede convertirse después en movilidad regional y, finalmente, internacional. De esta manera la crisis ecológica actúa como multiplicador de desigualdades, conflictos y desplazamientos preexistentes.
Hay además una injusticia histórica evidente. Las regiones que menos responsabilidad han tenido en la acumulación de emisiones que provocan el calentamiento global serán precisamente algunas de las más expuestas a sus efectos. La respuesta europea parece consistir cada vez más en blindar sus fronteras frente a las consecuencias de una crisis a cuya producción histórica ha contribuido decisivamente. Esta política podrá desplazar determinadas rutas migratorias, hacerlas más peligrosas o aumentar el coste de atravesarlas, pero difícilmente puede ofrecer una solución duradera.
La existencia de redes criminales de tráfico de personas debe analizarse dentro de este mismo marco. Es evidente que esas organizaciones explotan brutalmente a quienes intentan emigrar y que deben ser combatidas. Pero atribuirles la existencia de la migración equivale a confundir una consecuencia con su causa. Las redes clandestinas prosperan precisamente porque existe una enorme demanda de movilidad y porque las vías legales disponibles son insuficientes. Cuando una necesidad social persiste y se prohíben los mecanismos legales para satisfacerla, aparece inevitablemente un mercado clandestino dispuesto a obtener beneficio. Cuanto más difícil y peligroso es atravesar una frontera, mayor puede ser incluso el precio que estas redes cobran por hacerlo.
La militarización de la frontera genera así un proceso paradójico. Se presenta como lucha contra las mafias mientras contribuye a aumentar el valor económico del servicio que éstas ofrecen. Un sistema de visados laborales más amplio, mecanismos efectivos para solicitar asilo desde consulados, posibilidades legales de movilidad temporal y procedimientos administrativos previsibles reducirían mucho más el espacio económico de las redes de tráfico que numerosas medidas puramente policiales.
8. Ni negación de los problemas ni racialización de la seguridad
Una política socialista debe enfrentarse simultáneamente a las consecuencias territoriales y sociales de los desplazamientos. Una llegada súbita de decenas de miles de personas a una ciudad pequeña no deja de constituir un problema porque defendamos el internacionalismo. Lo que cambia es la forma de resolverlo. La alternativa reaccionaria intenta resolver la contradicción convirtiendo a quien migra en enemigo. Una respuesta socialista debe socializar los costes de la acogida, distribuirlos territorialmente y acompañar la inmigración de una enorme expansión de los derechos sociales. Si aumenta la población de un territorio, deben aumentar paralelamente los recursos para vivienda, enseñanza, sanidad, transporte y servicios públicos. Si aparecen nuevos trabajadores, deben integrarse inmediatamente en la legislación laboral y la negociación colectiva. Si un barrio absorbe población adicional, no puede ser abandonado después a una competencia desesperada por recursos escasos.
La seguridad forma parte también de las necesidades materiales de la clase trabajadora y no puede regalarse como concepto político a la derecha. Si se producen robos, agresiones o problemas graves de convivencia, deben reconocerse y abordarse exactamente igual que cualquier otro problema social. La responsabilidad penal es individual y no colectiva. Un inmigrante que comete un delito debe responder ante la justicia, pero ese hecho no permite atribuir responsabilidad a miles de personas que comparten su nacionalidad. El mismo criterio que se aplica naturalmente a cualquier ciudadano español debe aplicarse también aquí. La alternativa socialista no es elegir entre seguridad y derechos, sino impedir que la seguridad se utilice para destruir derechos y que los derechos se invoquen para negar la existencia de problemas concretos.
La situación de los menores no acompañados muestra con especial claridad esta necesidad de una política material. Las instalaciones de Ceuta quedaron absolutamente desbordadas y el Gobierno anunció traslados a la península. El problema no puede resolverse mediante una competición entre comunidades autónomas para decidir quién recibe menos menores. Se trata de niños y adolescentes bajo tutela pública cuya protección exige alojamiento, educación, atención sanitaria, mediación cultural y, cuando sea necesario, apoyo psicológico. Todo ello requiere recursos y planificación estatal.
9. Una política marxista para la frontera sur
La Unión Europea avanza progresivamente hacia un modelo en el que el elemento de seguridad ocupa una posición cada vez más central. El crecimiento de Frontex, la financiación de sistemas de vigilancia y los acuerdos con terceros países expresan esta tendencia. Tras la crisis actual, España ha solicitado nuevamente ayuda europea para identificar y tramitar la situación de miles de personas que permanecen en Ceuta. Es comprensible que una crisis de semejante magnitud requiera capacidad administrativa extraordinaria, pero el problema aparece cuando la política migratoria termina reducida a procedimientos de clasificación, control y devolución.
Ninguna cantidad de tecnología fronteriza podrá resolver las causas que producen los desplazamientos. Puede modificar temporalmente las rutas y dificultar determinadas entradas, pero las personas buscarán caminos alternativos mientras permanezca la enorme desigualdad internacional que hace racional asumir riesgos extraordinarios con la esperanza de mejorar la propia vida. En última instancia, la política de la fortaleza Europa intenta gestionar policialmente una contradicción que pertenece a la economía mundial. El capitalismo ha creado un mercado internacional cada vez más integrado, pero mantiene una gigantesca desigualdad territorial en salarios, derechos sociales, seguridad y expectativas vitales.
Desde este punto de vista, la posibilidad de emigrar debe complementarse con un derecho que con demasiada frecuencia desaparece del debate: el derecho a no tener que emigrar. Millones de personas no abandonan voluntariamente familias, comunidades y países porque tengan una preferencia abstracta por vivir lejos de ellos. Lo hacen porque allí donde nacieron no encuentran trabajo, estabilidad, seguridad o una perspectiva razonable de futuro. La libertad real de movimiento sólo puede existir cuando permanecer constituye también una opción materialmente viable.
Una política socialista de largo alcance tendría por tanto que actuar sobre ambos lados de la contradicción. Dentro de Europa, mediante igualdad completa de derechos laborales, regularización de quienes viven y trabajan de manera estable, ampliación de vías legales de entrada, sistema de asilo garantista, expansión de los servicios públicos y lucha contra cualquier explotación diferencial basada en el estatus migratorio. Fuera de Europa, mediante una transformación radical de las relaciones económicas con África: cancelación de deuda ilegítima, transferencia tecnológica, inversión pública en infraestructuras, agua, sanidad, educación y adaptación climática, apoyo a la industrialización bajo control democrático y abandono de tratados comerciales que subordinan las economías locales a las necesidades de las grandes empresas europeas.
10. La frontera fundamental es de clase
La crisis actual obliga a plantear una cuestión estratégica a la izquierda española. Durante demasiado tiempo se ha permitido que el debate migratorio quede polarizado entre un discurso liberal que celebra de manera abstracta la diversidad y una extrema derecha que promete recuperar control mediante expulsiones y fronteras más duras. Entre ambos discursos desaparece con frecuencia la clase trabajadora. La primera corriente tiende a minimizar los conflictos distributivos que pueden surgir cuando vivienda, empleo y servicios públicos son escasos; la segunda utiliza esos mismos conflictos para dividir racial y nacionalmente a quienes dependen de un salario.
El marxismo debe reconstruir una posición independiente de ambos campos. Esto significa defender sin ambigüedades a los migrantes frente al racismo y las devoluciones arbitrarias, pero significa también exigir que ningún trabajador local tenga que pagar materialmente el coste de la acogida. Significa defender libertad de movimiento, pero también planificación. Significa luchar contra la explotación de los trabajadores extranjeros, pero no negar los conflictos sociales cuando aparecen. Significa combatir cualquier intento de convertir a Marruecos en enemigo nacional y, simultáneamente, denunciar el carácter autoritario de su régimen y la utilización de la migración como posible instrumento geopolítico.
La cuestión fundamental es quién paga. Si llegan nuevos trabajadores y la población aumenta, debe construirse vivienda. Si aumenta el número de alumnos, deben contratarse profesores. Si crece la presión sanitaria, deben incorporarse médicos y personal de enfermería. Si existen necesidades de integración social, deben contratarse trabajadores especializados. Y esos recursos no deben obtenerse reduciendo otros servicios destinados a la población trabajadora, sino mediante una transferencia real de riqueza desde las clases que poseen mayores ingresos y patrimonio.
Un programa de este tipo permitiría cambiar también el terreno político sobre el que actúa la extrema derecha. Cuando ésta afirma que los inmigrantes «reciben todo» mientras los nacionales «no reciben nada», la respuesta más potente no consiste simplemente en demostrar estadísticamente que la afirmación es falsa. Debemos preguntar por qué cualquier trabajador tiene que recibir tan poco. Si falta vivienda para unos y otros, construyamos vivienda pública. Si los salarios son bajos, aumentémoslos y reforcemos los convenios. Si faltan médicos, multipliquemos la inversión sanitaria. El conflicto no debe resolverse decidiendo qué grupo de trabajadores merece sufrir primero la escasez, sino atacando la estructura que produce esa escasez en medio de una enorme acumulación privada de riqueza.
Esto conecta directamente con el carácter internacional de la lucha de clases. Un jornalero marroquí que trabaja en Andalucía y un jornalero español no poseen intereses estructuralmente opuestos. Pueden competir por un empleo concreto, pero esa competencia existe porque ambos venden su fuerza de trabajo dentro de un mercado controlado por quienes compran esa fuerza de trabajo. La tarea de la organización sindical y política consiste precisamente en superar esa competencia mediante condiciones comunes. Allí donde el capital intenta segmentar, los trabajadores deben unificar.
11. Conclusión: Ceuta como anticipación
Ceuta podría convertirse, paradójicamente, en uno de los lugares donde esta política internacionalista adquiriera una expresión concreta. Una ciudad situada entre Europa y África, con población cristiana y musulmana y una larga historia de convivencia, puede ser utilizada como símbolo de una frontera militarizada o convertirse en un ejemplo de cómo la cuestión migratoria podría abordarse desde derechos sociales universales. La evolución de las últimas semanas demuestra que la primera posibilidad está ganando terreno. Los episodios de violencia, las protestas, el miedo y el deterioro de la convivencia no pueden despreciarse como simples productos de manipulación reaccionaria. Constituyen una advertencia de lo que ocurre cuando una crisis social enorme se deja crecer sin una respuesta material suficiente.
La tarea inmediata consiste por tanto en impedir que esa fractura se consolide. Los migrantes que permanecen en la calle deben recibir alojamiento y una respuesta administrativa rápida. Los vecinos deben recuperar sus espacios públicos y disponer de seguridad y servicios reforzados. Los menores tienen que ser trasladados a instalaciones adecuadas. Los procedimientos de asilo deben resolverse con garantías. Quienes no tengan derecho legal a permanecer deben ser tratados conforme a la legislación y a los convenios internacionales, sin devoluciones arbitrarias. Los trabajadores que permanezcan y puedan incorporarse al mercado laboral deben hacerlo bajo condiciones de plena igualdad.
Gráfico 1. Comparación de escala entre las entradas masivas de 2021 y 2026.
Fuente: Reuters. Cifras aproximadas.
Pero incluso si todas estas medidas se aplicaran correctamente, la cuestión fundamental seguiría abierta. En algún momento volverán a aparecer nuevas crisis migratorias porque sus causas permanecen intactas. Podrá ser otra vez Ceuta o Melilla, podrá desplazarse hacia Canarias o hacia cualquier otro punto del Mediterráneo. La frontera exterior europea es demasiado larga y la desigualdad internacional demasiado profunda como para imaginar que unos cuantos miles de kilómetros de vigilancia puedan resolver la contradicción.
El siglo XXI estará marcado probablemente por movimientos de población crecientes derivados de la desigualdad, los conflictos, el cambio climático y las transformaciones del mercado mundial. La pregunta estratégica no consiste en saber cómo puede Europa aislarse de ese proceso, porque no puede hacerlo, sino qué relaciones sociales serán capaces de gestionarlo sin convertir el Mediterráneo en una gigantesca frontera militarizada.
El capitalismo ofrece ya su respuesta. Permitirá circular a los trabajadores que necesita, mantendrá en situación precaria a una parte de ellos, externalizará el control hacia países vecinos, reforzará la vigilancia tecnológica y utilizará periódicamente el miedo a la inmigración para reorganizar políticamente el malestar social. Algunas fracciones de la burguesía defenderán una inmigración seleccionada porque necesitan mano de obra; otras fuerzas políticas reclamarán deportaciones masivas; muchas combinarán ambas posiciones sin ninguna dificultad. Puede parecer contradictorio que quienes representan intereses empresariales utilicen un discurso antiinmigración mientras sectores empresariales dependen del trabajo extranjero, pero la contradicción desaparece cuando comprendemos que lo que el capital necesita no es simplemente inmigración, sino una determinada relación de poder con los inmigrantes.
Nuestra respuesta debe partir del principio contrario. Ningún trabajador debe poder ser utilizado contra otro por razón de su nacionalidad. Ningún empresario debe obtener una ventaja competitiva porque una persona carezca de papeles. Ninguna ciudad trabajadora debe cargar en solitario con una responsabilidad que corresponde al conjunto de la sociedad. Ningún Estado vecino debe recibir dinero europeo para actuar simplemente como muro exterior. Ningún pueblo, incluido el saharaui, debe convertirse en moneda diplomática dentro de la negociación fronteriza.
La frontera fundamental no pasa entre españoles y marroquíes, europeos y africanos, cristianos y musulmanes. A ambos lados hay quienes poseen capital, empresas, tierras, bancos y grandes patrimonios, y a ambos lados hay millones de personas que dependen de vender su capacidad de trabajar. La política nacionalista intenta convencernos de que la principal comunidad de intereses une al empresario español con su trabajador y al empresario marroquí con el suyo. El internacionalismo marxista sostiene exactamente lo contrario.
El trabajador ceutí que teme perder calidad de vida y el joven marroquí que cruza la frontera no han creado las condiciones que los enfrentan. Ambos actúan dentro de relaciones sociales anteriores a ellos. Uno puede sentir legítimamente que su ciudad está siendo desbordada; el otro puede considerar igualmente que su única posibilidad de construir una vida consiste en atravesar esa frontera. Convertir esa contradicción objetiva en odio mutuo constituye una victoria política para quienes no soportarán personalmente ninguna de sus consecuencias.
La lucha por una sociedad socialista adquiere aquí un contenido profundamente concreto. Significa avanzar hacia un mundo en el que desplazarse no sea un privilegio de quienes poseen determinados pasaportes ni una necesidad desesperada para quienes carecen de perspectivas. Un mundo en el que quedarse sea una posibilidad real y emigrar una decisión libre. Un mundo en el que la riqueza producida internacionalmente pueda utilizarse para elevar las condiciones de vida allí donde hoy millones de personas se ven obligadas a marcharse.
Ceuta muestra de una manera particularmente brutal la distancia que nos separa todavía de esa posibilidad. A pocos metros pueden encontrarse dos seres humanos cuyas capacidades, necesidades y aspiraciones apenas difieren y cuyos derechos efectivos, sin embargo, se encuentran separados por una estructura jurídica, económica y militar gigantesca. Esa desigualdad no es una anomalía situada en los márgenes del capitalismo. Forma parte del modo en que el capitalismo mundial organiza actualmente la movilidad, el trabajo y los derechos.
Por eso la respuesta socialista a Ceuta no puede terminar en la consigna humanitaria ni en la demanda administrativa. Debe comenzar precisamente donde ambas terminan. Tiene que explicar que la crisis migratoria es al mismo tiempo una crisis de desigualdad internacional, una crisis del mercado de trabajo, una crisis del sistema europeo de fronteras, una expresión de las relaciones imperialistas contemporáneas y un terreno privilegiado para la división política de la clase trabajadora.
La crisis de Ceuta terminará desapareciendo de los titulares. Las cámaras se marcharán, la mayor parte de quienes han llegado serán trasladados, regularizados, devueltos o dispersados por diferentes territorios y la actividad cotidiana de la ciudad intentará recomponerse. Pero las fuerzas que produjeron el 30 de julio permanecerán actuando bajo la superficie. La desigualdad entre las dos orillas seguirá existiendo. La guerra y la crisis climática continuarán desplazando población. Marruecos seguirá desempeñando un papel central en la política fronteriza europea. Las empresas seguirán demandando trabajadores inmigrantes y la extrema derecha continuará utilizándolos como explicación de los problemas de quienes viven de su trabajo.
Nuestra obligación política es no esperar a la próxima crisis para volver a discutir estas cuestiones. La frontera sur debe convertirse en un terreno permanente de elaboración marxista, organización obrera e internacionalismo. No porque la inmigración constituya por sí misma la contradicción principal de nuestras sociedades, sino porque en ella se cruzan algunas de las contradicciones más profundas del capitalismo contemporáneo.
Síntesis programática
El programa inmediato que se desprende del análisis no sustituye al razonamiento anterior, sino que intenta traducirlo en criterios concretos de intervención.
• Recursos estatales y europeos extraordinarios para Ceuta, de modo que la acogida no deteriore servicios ni condiciones de vida de la población trabajadora local.
• Alojamiento digno, protección de menores, tramitación garantista del asilo y traslados rápidos cuando jurídicamente procedan.
• Plena igualdad laboral, aplicación de convenios e inspección eficaz contra empresas que exploten la vulnerabilidad administrativa.
• Ampliación de vías legales y seguras de movilidad y protección internacional.
• Revisión de la externalización fronteriza y control democrático de los fondos destinados a terceros países.
• Una política internacional basada en inversión pública, transferencia tecnológica, adaptación climática y reducción de dependencias, no en la subordinación de África a las necesidades del capital europeo.
• Defensa simultánea del derecho a emigrar y del derecho material a no tener que hacerlo.
Fuentes documentales y referencias
– Reuters, 28 agosto 2026. Spain asks EU for help processing migrants in Ceuta. Enlace
– Reuters, 21 agosto 2026. First migrants buried in Spain’s Ceuta after deadly border rush. Enlace
– INE, 2026. Encuesta de Condiciones de Vida 2025. Resultados definitivos. Enlace
– Reuters, 6 febrero 2025. Morocco foils 78,685 migrant attempts to reach Europe in 2024. Enlace
– Parlamento Europeo, 14 marzo 2023. Cooperación migratoria UE-Marruecos y paquete indicativo de 500 millones de euros. Enlace
– Wikimedia Commons. Ceuta desde el Monte Hacho, 2008 — Víctor Fernández Salinas, CC BY 2.0. Enlace
– Wikimedia Commons. Ceuta border fence — Mario Sánchez Bueno, CC BY-SA 2.0. Enlace
Imágenes: las dos fotografías proceden de Wikimedia Commons y se reproducen con atribución expresa según sus licencias CC BY 2.0 y CC BY-SA 2.0. El gráfico ha sido elaborado específicamente para esta edición.